Qué le vamos a hacer...

"La OCDE avisa de que los deberes alimentan la desigualdad escolar", reza el titular de varios periódicos digitales.

¡Valiente gilipollez! Cuando uno se adentra en la noticia, lo que realmente dice la OCDE es que los deberes escolares acentúan la brecha entre los alumnos que pertenecen a familias más desfavorecidas y los que pertenecen a familias de nivel socioeconómico medio y alto, porque estos últimos disponen de ayuda para hacerlos. 

Resulta que no son los deberes los que producen esa desigualdad, sino el nivel económico o educativo de las familias. ¡Pues como en casi todo...! Si no pusieran deberes, los más ricos podrían ir a clases particulares que los más pobres no se pueden pagar. ¿O vamos a prohibir las clases particulares?

La solución es simple: una enseñanza pública de calidad y en cantidad. Por ejemplo, se podría incrementar la jornada laboral de los maestros de las 1.200-1.300 horas anuales hasta las 1.700-1.800 horas anuales de cualquier trabajador del sector privado. Y se podrían abrir los colegios por la tarde para dar apoyo a los alumnos de esas familias que no pueden ayudar a sus hijos con los deberes. Y se podrían contratar a más profesores... 

Pero no, es mejor echar la culpa a la existencia de deberes escolares, eliminarlos, y pensar ingenuamente que con ello, igualando por debajo, ya hemos resuelto la brecha. Por esa regla de tres, eliminemos la educación primaria o secundaria, porque los hijos de familias con mayor nivel socioeconómico tendrán más posibilidades de salir mejor formados. Muerto el perro, se acabó la brecha.

Esa obsesión de igualar por debajo es una de las causas de gran parte de los problemas que padecemos en este país. Todos nacemos con una mochila social y biológica que no elegimos, que no depende de nosotros. Nacemos en el país, en la ciudad y en la familia en que nacemos. Y somos altos o feos o inteligentes o antipáticos porque nos tocó ese número en un sorteo en el tampoco pudimos comprar el boleto. A partir de ahí, una sociedad decente debería, empleando al Estado como instrumento, contribuir a paliar las diferencias provocadas por la mochila social, igualar razonablemente las oportunidades de los ciudadanos. Si el Estado moderno no sirve para eso, entonces no sirve.

Cuestión bien distinta es pretender que las personas seamos iguales con independencia de nuestra mochila biológica. Porque no lo somos. Si a nadie se le ocurre que el Estado deba garantizar que un señor feo y bajito sea modelo de pasarela, ¿por qué habría de garantizar que alguien tenga una carrera universitaria al margen de su capacidad? Eliminar el esfuerzo individual de la ecuación es un camino que sólo conduce al fracaso colectivo. Algunos ricos llegan lejos, a pesar de ser ricos. Y algunos pobres también.

De estas cosas ya hablábamos por aquí hace muchos años. Y por aquí. A los que no hemos nacido en una familia rica nos toca esforzarnos más. Qué le vamos a hacer...

A vueltas con el despido...

La imposición por ley de la indemnización por despido no sólo supone una barrera de salida del mercado laboral a la que se enfrenta cualquier empresario que tiene que tomar la decisión de prescindir de un trabajador poco productivo, sino que en la misma medida supone una barrera de entrada para un trabajador sin empleo o que, teniéndolo, desea mejorar su puesto de trabajo.

Cuando para fijar los salarios, se introducen en el mercado de trabajo elementos ajenos a la propia productividad del trabajador, al valor que éste le aporta a la empresa, se producen claras distorsiones en el funcionamiento de ese mercado. Como ocurre en cualquier otro mercado. Si un empresario debe reducir personal porque bajan las ventas, no despedirá al menos productivo, sino a aquél cuyo coste de despido neto -coste de indemnización corregido por su diferencial de productividad respecto de otro-, sea menor.

Así, la existencia de indemnización obligatoria por ley expulsa del mercado de trabajo -barreras de salida para los trabajadores protegidos-, o impide su acceso a él -barreras de entrada para los trabajadores mejor preparados-, a trabajadores más productivos que los que se mantienen en él. El resultado es que el conjunto de la economía es menos eficiente, al no estar empleándose en cada momento la fuerza laboral más productiva, sino aquella que goza de barreras artificiales de salida más altas. Que la economía sea menos eficiente implica a su vez menor creación de riqueza, menores impuestos con los que pagar los servicios públicos y menor bienestar para los ciudadanos.

Llegados a este punto, alguno me habrá puesto ya rabo, cuernos y tridente. Porque, ¿qué ocurre entonces con un trabajador de edad avanzada en un puesto de trabajo que dependa de su fuerza física? ¿Permitimos que el empresario lo despida porque un chaval de veinte años rendirá, obviamente, más que él? ¿Lo condenamos al paro para lo que le reste de vida?

Preguntémonos en primer lugar si debiera ser el empresario el que pague de su bolsillo la disminución de rendimiento de ese trabajador o si debiera ser la sociedad la que se hiciera cargo del coste de esa situación, por otra parte inevitable y ajena a la propia voluntad del trabajador. Si obligamos al empresario a asumirlo, esa empresa dejará de ser competitiva respecto de otras que acaben de crearse y que hayan contratado a jóvenes de veinte años, y terminará por cerrar y destruir, no sólo los puestos de trabajo de esos trabajadores envejecidos, sino los de todos los que trabajaban en ella, agravando incluso las consecuencias que se pretendían evitar con la imposición de una indemnnización. Si fuera el Estado, la sociedad, la que se hiciera cargo de esas situaciones, los empresarios podrían tomar decisiones racionales en sus empresas sin que se vean distorsionadas por factores ajenos a su propio funcionamiento.

Quienes piensen -no es mi caso, que conste-, que debería ser el empresario quien asumiera el coste de esas situaciones por cuestiones de solidaridad con ese trabajador que le ha estado proporcionando beneficios durante tantos años, no debiera tener problemas en admitir, con fundamento en esa misma solidaridad que reclama al empresario, que sea el Estado que se ha estado beneficiando de los impuestos de ese trabajador durante tantos años, el que lo asuma.

Por otro lado, en una sociedad tan terciarizada e industrializada como la occidental, en la que prima cada vez menos el esfuerzo físico del trabajador, situaciones como las del ejemplo analizado son cada vez más marginales.

Sobre este asunto de la eliminación de las indemnizaciones por despido impuestas por ley se ha hablado ya en alguna ocasión por aquí, con un interesante debate en los comentarios. Y también de las nefastas consecuencias de otras injerencias del Estado en las relaciones laborales, sin duda tan impregnadas de buenismo como de ingenuidad e ignorancia.

Y desde luego, llama la atención que ninguna fuerza política ponga sobre la mesa, si no una propuesta concreta, al menos un debate serio sobre estas cuestiones. Ni siquiera se ha atrevido Ciudadanos y su supuesta frescura de ideas.

Sólo por dejarlo claro...

De lo que llevo leído del primer fascículo del programa económico de Ciudadanos, hay cosas que me gustan y otras que no tanto, aunque habrá que esperar a la colección completa para valorar mejor el conjunto. Esto de la entrega por fascículos de un programa económico no me termina de hacer mucha gracia. A uno siempre le quedará la duda de si los siguientes números serán reescritos a conveniencia, una vez conocidas las reacciones a los anteriores. Incluso de si la gente sólo comprará el primero, como ocurre con esas colecciones de maquetas por fascículos en las que el personal no pasa del bote de pegamento y las dos o tres primeras piezas.

De todas formas, no es del contenido de ese fascículo de lo que quería hablar hoy, sino de la reacción del gobierno al mismo. Y en concreto, de la reacción de la casi siempre prudente vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Afirmó, más o menos, que no se puede confiar en quien reclamaba un rescate para España que su gobierno demostró como innecesario.

Mintió. Y seguramente lo sabe. Lo que planteó Luis Garicano, y por escrito allá por Mayo de 2012, fue un rescate bancario. El mismo que un par de semanas después, a primeros de Junio, solicitó el gobierno de Rajoy.

Si se va a emplear como argumento contra alguien, lo que ese alguien dijo o hizo antes, al menos que sea verdad. Por ejemplo, el PP escribió en un programa electoral lo que iba a hacer si llegaba al gobierno, y en muchas cuestiones ha hecho exactamente lo contrario. Ergo, empleando el silogismo de la vicepresidenta, no se puede confiar en el PP.

Sólo por dejarlo claro...

Del día de la Igualdad Salarial y otros jolgorios...

Bueno, se acerca la fecha de conmemoración de la Igualdad Salarial, y como en otras ocasiones, ya tenemos el primer panfleto que afirma que "una mujer tendría que trabajar 79 días más al año que un hombre para percibir la misma retribución por un trabajo de igual valor".

El informe de UGT, que reconoce estar basado en la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2012 publicada por el INE, afirma en sus conclusiones cosas como éstas:

"Las mujeres en España para percibir el salario que recibirían si su trabajo fuera reconocido en términos económicos con el mismo valor que el de los hombres, tendrían que trabajar 79 días más al año"

"Para percibir las mismas retribuciones por trabajos de igual valor los hombres necesitan trabajar doce meses y las mujeres dieciséis"

El informe reproduce los datos del INE, y en tanto que datos objetivos procedentes de una encuesta, son los que son. Nada que objetar al respecto. Con fundamento en ellos se puede afirmar que el salario aumenta con la edad. O que el salario es mayor para los españoles que para los extranjeros que trabajan en nuestro país. O que el salario de quienes tienen un contrato indefinido es superior al de aquellos que tienen contrato temporal. O que el salario por hora trabajada es mayor a tiempo completo que a tiempo parcial. O que en unos sectores el salario es mayor que en otros. O, en fin, que el salario de las mujeres es inferior al salario de los hombres.

Ahora bien, lo que no se puede afirmar con esos datos es que todas esas diferencias se produzcan incluso cuando se trata de trabajos de igual valor. Y no se puede afirmar -ni desmentir-, que ello sea así porque la fuente no contempla esa variable. Tan simple como eso.

A partir de ahí, sólo se pueden hacer conjeturas más o menos razonables. ¿Por qué la diferencia salarial entre hombres y mujeres tiene como causa la discriminación de sexo? ¿Por qué no se debe a que es el colectivo con mayor porcentaje de trabajo a tiempo parcial, y que el trabajo a tiempo parcial coincide a su vez con los trabajos menos cualificados y, por tanto, de menor retribución?

En fin, que debemos tener unos empresarios -y una Administración Pública- bastante raritos. Se dedican a discriminar a las mujeres pagándoles salarios un 24% más bajos que a los hombres por un trabajo de igual valor, pero mantienen la tasa de paro de las mujeres por encima de la de los hombres en lugar de sustituir a estos últimos por mano de obra femenina, más barata y del mismo valor.

No nos toquen encima los cojones...

Tras la gala del cine en la que nos han refregado por los morros a todos, con cierta soberbia, todo hay que decirlo, que la industria del cine ha devuelto al Estado -o sea, a nosotros-, más de lo que el Estado -o sea, nosotros-, les regaló, es hora de recordar algunas de las cosas que se dijeron por aquí al respecto.

Como por ejemplo, cuando estaban encantados con Zapatero porque les daba dinerito fresco. O cuando el ínclito Antonio Banderas, uno de nuestros peores actores más internacionales, reconocía implícitamente que las mamandurrias aletargaban el ingenio y amansaban el carácter. O cuando el mismo actor, ahora con un Goya en la talega, decía exactamente lo contrario. O cuando la gente del cine decía que ellos le devolvían al Estado no sé cuántos euros por cada euro que el Estado les daba a ellos. O cuando lo volvieron a repetir. Como lo repitieron en la gala de este fin de semana.

Resulta bastante obsceno escucharles, soberbia mediante, lo beneficioso que le resultaría al Estado darles mucho dinero para que se lo devuelvan multiplicado por dos o por tres o por cuatro en forma de impuestos, como el milagro del pan y los peces. 

Y resulta obsceno porque muchos sectores económicos no reciben un euro en subvenciones y aportan un pastizal en impuestos, desde el IRPF y la Seguridad Social de los empleos que generan, hasta el IVA, pasando por el Impuesto de Sociedades y otros impuestos menores. Y las empresas que en ellos operan, se mantienen a base de intentar ser competitivas. A pesar del Gobierno. Y las que no lo son, terminan cerrando y sus propietarios perdiendo el dinero invertido. Como debe ser.

En fin, que está bien que se vayan de fiesta, que celebren sus aquelarres, que se pongan guapos y hagan alarde de modelitos, joyas y glamour, pero no nos toquen encima los cojones. 

¿Dónde está el problema?

Si la aplicación de la reforma univesitaria es voluntaria para las universidades y sólo les aporta flexibilidad, ¿dónde está el problema?

Los rectores dicen que no están de acuerdo. Pues hagan uso de la libertad que les concede la reforma y no la apliquen.

Los estudiantes ya han convocado huelga contra el gobierno por permitir que sean las propias Universidades las que decidan.

La progresía ilustrada, tan amante siempre de la libertad, dice que ataca la igualdad de oportunidades. Uno siempre ha creído que esa igualdad dependía de los recursos que el Estado pusiera a disposición de los más desfavorecidos, pero ahora parece que depende de si los estudios de grado son de tres o de cuatro años.

En fin, que no entiendo dónde está el problema de reforzar la autonomía de las Universidades. Salvo que pensemos que las decisiones que van a tomar no tendrán nada que ver con la calidad de la formación que imparten. Que todo pudiera ser. Pero entonces, mejor sería cerrarlas.